Directiva MiFID

Durante la última década, desde la entrada en vigor en España en el año 2007 de la normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) hasta la llegada de MiFID II, en vigor desde el 1 de enero de 2018 y parcialmente transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, la evolución de la normativa aplicable tanto al sector financiero como a los mercados de valores, y más particularmente a las denominadas empresas de servicios de inversión ha tendido, cada vez más, a la búsqueda de la transparencia de los mercados como a la protección al inversor.

En este contexto, las empresas de servicios de inversión, han tenido que desarrollar planes destinados a asegurar que sus normas de conducta, procedimientos y políticas internas se adaptan a las nuevas exigencias normativa.

La llegada de MiFID II supone dar un paso más en la relación de las ESI con el cliente, exigiendo un mayor grado de protección a través de una mayor transparencia en el sector. Se introducen así importantes novedades que regulan desde la información facilitada a los clientes sobre productos y servicios, hasta exigencias sobre los conocimientos y experiencia del personal que los presta, pasando por un refuerzo en materia de mejor ejecución, gobierno de productos, incentivos, comunicación con el regulador, etc.

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